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Ha sido una constante en la historia de
nuestra organización, luchar por la conquista de condiciones dignas de
trabajo.
Este concepto implica no sólo salarios
acordes a la realidad socioeconómica del país, igualdad de
oportunidades, seguridad y estabilidad, capacitación, evitación de
riesgos laborales, derecho a la carrera sino, también y muy
especialmente, abrir cauces para promover el progreso personal y grupal
de los servidores públicos, a fin de responder a la demanda de la
comunidad con verdadera eficacia.
Durante estos años de permanente bregar
experimentamos sucesivos altibajos, debidos fundamentalmente a las
oscilaciones ideológicas y a los cambios de los modelos económicos que
distintos elencos gobernantes pretendieron imponer.
Así fuimos vivenciando diversas situaciones,
derivadas de relaciones de poder hegemónicas que tiñeron con diferentes
dosis de dramatismo el contexto societario.
De un un Estado soberano, protector del bien
común, fundado en la doctrina nacional justicialista, que abreva en el
pensamiento humanista y cristiano, pasamos, brutalmente, al modelo
economicista del proceso, de pronunciado sesgo capitalista liberal; a
éste le continuó el descontrol económico de la reconstrucción
democrática que, si bien meritoria en muchos aspectos, aniquiló el poder
adquisitivo de los salarios. Posteriormente, fue la instalación del
paradigma globalizador de los 90, con su política de privatizaciones y
enajenaciones de bienes estratégicos y de servicios esenciales, la que
erosionó al mundo del trabajo asalariado. La modernización tecnológica
de esta etapa tuvo un costo demasiado alto.
El epílogo de la época lo marcó la crisis de
la alianza, que puso a la Nación al borde de la hecatombe
Finalmente, hoy, vivimos un período de
crecimiento económico, que se sostiene en los últimos tres años. Sin
embargo todavía resulta insuficiente para superar la pobreza y la
indigencia que afectan a un número considerable de compatriotas, muchos
de los cuales quizás ya no tengan posibilidades de reinserción en el
mercado laboral, quedando definitivamente excluidos.
En todos estos escenarios, que se sucedieron
vertiginosamente, tuvo que desenvolverse el movimiento obrero.
En los momentos más álgidos y conflictivos
que debimos actuar, y pese a tener a poderosos grupos de poder en
contra, incluyendo gran parte de la prensa y a los formadores de
opinión, nos atrincheramos en la defensa irrestricta del trabajo digno,
levantando la bandera de un Estado responsable en el cuidado y la
atención de la comunidad que representa y conduce.
Por ello nos opusimos con toda la fuerza de
nuestros principios y de nuestra organización a las estrategias
privatistas.
Merced a esto logramos mantener las fuentes
de trabajo, ostentando el sano orgullo de no haber resignado un solo
hombre ni una sola mujer en esta confrontación.
Fue por esto, también, que pudimos evitar,
una vez que el País emergió abruptamente de la ficticia euforia del
consumo superfluo, que las instituciones del Gobierno de la Ciudad
colapsaran.
El haber aceptado en su momento la masiva
externalización de los servicios públicos, tal como el gobierno de turno
proponía y quería llevar a cabo, hubiera traído como consecuencia el
debilitamiento de la institución comunal, llevándola al límite de su
disolución en materia de prestaciones.
Los funcionarios y empresarios aliados en la
“Patria Privatista” se resisten a reconocer esta verdad.
Una vez que salimos del período recesivo,
del congelamiento salarial y de la restricción del ingreso de personal,
comenzamos a recuperar rápidamente el salario y, con ello, aumentar el
poder adquisitivo de la familia municipal y a cubrir las necesidades más
urgentes de las áreas del gobierno.
En el presente, octubre de 2006, podemos
verificar que el convenio firmado el año pasado poniendo en marcha la
Carrera Administrativa, a lo cual se suma el último incremento salarial
obtenido, nos coloca en una situación de privilegio dentro del sector
público, comparando funciones iguales y sueldos correspondientes, e
incluso en relación con el sector privado.
Si a lo dicho le agregamos las acciones
desplegadas para la eliminación de los contratos “basura”, para la
incorporación efectiva del personal que revistaba en condiciones de
precariedad, incluyendo el de los planes Jefes y Jefas de Hogar que
efectúan contraprestaciones en áreas del Estado Porteño, más el avance
en materia de nuevos organigramas de conducción y el redimensionamiento
de las dotaciones, arribamos a la conclusión que el saldo de nuestro
protagonismo ha sido, hasta ahora al menos, exitoso.
En este saldo debemos computar, asimismo, el
proyecto que hemos encarado para reposicionar a nuestra Obra Social, que
fue una de las tantas instituciones que sufrió la declinación causada
por el deterioro económico y político. Equilibrados ahora sus balances
nos hemos planteado el desafío de transformarla, en el corto plazo, en
un Instituto de excelencia, montando un sistema de atención integral y
cuidado de la salud para todos sus afiliados titulares y de sus grupos
familiares, incluyendo a los jubilados y pensionados que jamás
abandonaremos.
La unidad gremial, sustentada en una
concepción solidaria y peronista de la sociedad y del trabajo, nuestra
participación en la elaboración de la legislación laboral en el ámbito
local, que arranca con el anteproyecto de la Ley Nº 471, que introdujo,
como conquista mayor las convenciones colectivas de trabajo, la
actividad militante del conjunto de compañeros de nuestro sindicato,
fueron y son las herramientas que posibilitaron acceder a estos logros y
permitirán alcanzar los futuros.
Sin embargo, y si bien ello resulta
sumamente válido a título de inventario, no basta aún para cubrir la
totalidad de nuestras expectativas.
El propósito que perseguimos es el de seguir
progresando por esta senda, optimizar cada vez más las condiciones
laborales y perfeccionar la Carrera, de tal manera que ella posibilite
un futuro de previsible crecimiento para el conjunto de los
trabajadores.
Es imprescindible calificar al trabajador
ofreciéndole los medios para su perfeccionamiento profesional, continuar
jerarquizando los salarios, evitar tanto la arbitrariedad y la inequidad
como la injusticia y la discriminación.
En definitiva, promover el trabajo decente.
Asumimos con responsabilidad total el
mandato ineludible que toda organización de trabajadores posee y que es
en esencia, lo que justifica la razón de su existir: esforzarse en la
construcción de un sociedad justa, de hombres libres y de trabajo digno.
Para concretar este propósito contamos,
principalmente, con la potencia que proporciona la consolidada unidad de
nuestros trabajadores, arraigados en su pertenencia gremial, y
dispuestos a protagonizar un futuro que garantice la paz y la
prosperidad social.
Por último debemos decir, con absoluta
convicción, que para escalar ese futuro nos hemos preparado, incluso
para superar todo obstáculo que conspire contra el porvenir del
movimiento obrero y el de nuestra organización.
Estamos dispuestos a seguir en el camino de
las negociaciones y de los consensos, pues nos anima un espíritu de
concordia y de respeto, proclive a los acuerdos legítimos.
Nos vemos obligados a dar a conocer,
también en homenaje a la sinceridad que mutuamente nos debemos con las
autoridades políticas, que estamos decididos a emplear todo nuestro
potencial en la confrontación y en la lucha si las necesidades y los
derechos de los trabajadores son desoídos, agraviados o subalternizados.
Somos fervientes defensores de la paz, pero
sólo la entendemos como el fruto final de la instauración previa de la
justicia.
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